Básicamente, se trata de un movimiento cuyo objetivo final es la toma de control de una
sociedad y que en España está regulado legalmente en la actualidad por la Ley de Oferta
Pública de Adquisición de julio de 2007, que reformó el Real Decreto 432/2003 y sustituyó
al anterior que databa de 1991. En líneas generales, el cambio normativo fue fruto de la ne-
cesidad de regular las situaciones en las que era obligatorio lanzar una OPA habida cuenta
de la cantidad de operaciones previas que se habían puesto en marcha sin traspasar el límite
legal porcentual que ‘disparaba’ la OPA pero suponiendo, en la praxis, una toma de control
efectiva de la compañía opada en cuestión.
Por consiguiente, las situaciones en que es obligatorio lanzar una OPA para controlar
una sociedad, mediante su adquisición o el incremento de una participación anterior, se
determinan, según el Real Decreto citado más arriba, en función del concepto de par-
ticipación significativa. Asimismo, existen otros supuestos en que resulta obligatoria su
presentación como es la modificación de los estatutos, la participación significativa sobre-
venida derivada de un contrato de aseguramiento sobre valores o cuando se produce una
reducción de capital y, por último, de la participación significativa en una empresa cotizada
derivada de una adquisición indirecta tras una fusión entre empresas.
En el otro plato de la balanza, y a pesar de que los casos que obligan a lanzar una OPA
son siempre más exigentes, existe una serie de supuestos en los que no es necesario, siem-
pre y cuando la participación significativa se haya producido como resultado de expropia-
ciones forzosas, reflote de bancos, la conversión de créditos en acciones o la ejecución de
deudas, cuando así lo decidan por unanimidad todos los accionistas de una sociedad o sean
consideradas operaciones de concentración, tras la correspondiente decisión de la Comi-
sión Nacional de Competencia.
Los diferentes tipos de opas se pueden resumir, principalmente, en:
Amistosas: cuando hay un acuerdo previo entre el oferente y el consejo de adminis-
tración o los accionistas más significativos de la sociedad opada.
Hostiles: Cuando por diferentes motivos, entre los que destaca el hecho de conside-
rar el precio inadecuado y no reflejar el valor real de la compañía, ese acuerdo previo
no se produce.
Obligatorias: Cuando la operación supone una efectiva toma de control, exclusión
o reducción del capital. Se presentan por el 100% de las acciones de la compañía
comprada y no pueden estar sujetas a condicionantes.
Voluntarias: No están sujetas a requisitos legales desde el punto de vista del precio
o el número de acciones y, en este caso, el oferente sí puede establecer condiciones
previas en su lanzamiento.
Competidoras: Cuando la oferta se lanza sobre las acciones de una compañía que ya
está siendo objeto de una OPA previa, antes de que haya terminado el período de
aceptación.
COMUNICACIÓN FINANCIERA:
TRANSPARENCIA Y CONFIANZA
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